¿Estamos seguros de que el único precio que pagamos por utilizar un teléfono móvil es la tarifa plana? España es, junto con Singapur, uno de los países donde hay más teléfonos móviles por persona.
El 92% de los ciudadanos españoles tiene uno y hay 120 líneas por cada 100 usuarios; se sitúan, incluso por encima de Estados Unidos, donde solo el 90% de la población tiene un móvil.
Precisamente en ese país, un juez de Michigan ha condenado a 110 años de prisión a una persona, apellidada Carpenter, porque se le involucró en cuatro atracos a cuatro centros comerciales por los datos de ubicación sacados de su teléfono móvil, aunque se obtuvieron sin orden judicial.
A pesar de que su abogado alegó ante el Tribunal Superior que, según la cuarta enmienda de la Constitución americana se estaban violando sus derechos, el tribunal de apelación desestimó la alegación asegurando que nadie está obligado a llevar un teléfono móvil y que si alguien no desea que le geolocalicen, es mejor que no lo tenga.
La tecnología es el presente, y no debe alarmarnos, pero sí es preocupante cómo un uso indebido de la cantidad de datos recolectados gracias a ella puede lesionar la privacidad, la reputación e incluso la dignidad del ser humano.
Las cinco principales empresas por facturación son plataformas vinculadas a las telecomunicaciones y la tecnología. Los usuarios hemos perdido el control de nuestros datos y es importante retomarlo.
Proponemos para ello el Derecho, para que actúe como límite a la explotación desordenada, al desequilibrio y al abuso en la gestión de la tecnología.
Debemos ser capaces de disfrutar de los beneficios de la tecnología, pero eso no debe ser incompatible con que gestionemos nuestros datos.
No son pocos los investigadores que hablan de una cuarta generación de derechos humanos que nos permita poder desconectar o que las máquinas nos olviden, incluso que la Red sea neutral.
La primera generación de derechos humanos, con la libertad y la igualdad, nos protegió frente al poder de los Estados gracias a la Revolución Francesa.
La segunda generación, con el derecho al empleo y la sanidad, permitió un Estado que nos defendiese.
La tercera generación de derechos fundamentales fue coherente con la globalización y consagró el pacifismo.
Ahora el Derecho tiene que volver a ser el límite a la explotación y al abuso, esta vez en la gestión de la tecnología que muchas plataformas están haciendo.
Se necesita por tanto una cuarta generación, la de los derechos fundamentales en la era digital. El derecho al olvido, el derecho a la muerte digital, el derecho a la neutralidad de la Red o el mencionado derecho a gestionar tus datos, son solo algunos campos donde merece la pena profundizar.
En estos momentos, las cinco empresas que se sitúan a la cabeza de la facturación mundial ya no son constructoras o compañías de hidrocarburos, sino que son plataformas que están relacionadas con las telecomunicaciones y la tecnología.
Si se nos permite el juego de palabras, el nuevo petróleo son los datos que estas empresas obtienen masivamente de sus usuarios, en ocasiones de manera inconsciente.
Es cierto que todas estas compañías sí piden formalmente permiso a los usuarios para obtenerlos, pero el consentimiento que prestamos se da, más para no quedar aislados tecnológicamente del mundo, que por otras razones.
Se tardan unos 40 minutos de promedio en leer los “términos y condiciones de uso” que se nos exigen cuando damos de alta un aparato o nos inscribimos en una red social.
Sin embargo, y también de promedio, los usuarios prestamos nuestro consentimiento en tan solo ocho segundos.
En 2020 se calcula que habrá 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet en el llamado IoT (Internet de las cosas).
De modo que a las fuentes habituales de captación de datos deberemos añadir en breve la aportación de los procesadores, los sensores y el tratamiento masivo de esos big data.
Y conviene también tener en cuenta que esas máquinas además de captar datos, pueden tratar, ordenar e incluso llegar más allá de lo que normalmente podemos hacer los humanos con nuestras limitadas capacidades.
Cada impulso en la defensa de los derechos humanos surge como respuesta de la sociedad civil a manifiestos abusos del poder.
Mucha de la información que queda en manos de estas empresas son datos personales que incluyen salud, ocio, ideario político o religioso del presente, del pasado e incluso de futuro —a través de nuestra agenda—.
Eso incluye también, para nuestra desgracia, los datos borrados y enviados a la papelera o cortes de voz, o imágenes familiares íntimas, por no hablar de los datos de geolocalización.
Así, al final, algunas de esas plataformas, que ya son más poderosas que la mayoría de los Gobiernos del mundo, saben más de nuestra vida que nosotros mismos.
A lo largo de la historia cada impulso relevante en la defensa de los derechos humanos ha surgido como respuesta de la sociedad civil a manifiestos abusos del poder.
Ante la monarquía absolutista, la declaración de derechos de Virginia del año 1776.
Ante el auge de los totalitarismos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea de Naciones Unidas del año 1948.
Ahora, ante el auge exponencial de tantas violaciones de derechos en el mundo digital, a qué esperamos para actualizar esa lista, e incluso para incluir nuevos derechos.
Es evidente que la transformación digital ha traído muchas ventajas, algunas irrenunciables y casi todas irreversibles.
Por tanto, la solución no es poner pie en pared frente a la tecnología. La solución es humanizarla.
Publicado originalmente en EL PAÍS el 20/03/2018 por Eloy Velasco Núñez (magistrado-juez de la Audiencia Nacional) e Iñaki Ortega (profesor y director de Deusto Business School).